Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales

Golpe a la democracia

El Espectador/ Opinión |21 Feb 2011 - 1:00 am

 

Santiago Montenegro

Por: Santiago Montenegro
COMO CIUDADANO CREYENTE Y PRACticante de la democracia liberal, no puedo quedarme callado ante el recorte de los derechos políticos de los ciudadanos que implica el llamado artículo “canguro” de la reforma política, recientemente aprobada por el Congreso.
 

Si la Corte Constitucional llegara a declarar exequible dicho artículo, saldrían del censo electoral todos los ciudadanos que no votaron en las pasadas elecciones, unos quince millones de personas. Como en Colombia el voto no es obligatorio, no votan quienes no tienen ningún interés en hacerlo, quienes siguen tramitando su cédula, pero tampoco quienes quieren expresar su inconformidad ante las alternativas que están en juego. Por las razones que sean, no votar es un derecho político que deben poder ejercer todos los ciudadanos y que se debe plasmar en una cifra registrada por la entidad encargada del poder electoral. No votar hace parte de los derechos políticos y de las libertades positivas que consagran las instituciones republicanas. Ha hecho parte de nuestra institucionalidad desde los albores de la República, como cuando el presidente Francisco de Paula Santander, en 1833, objetó una ley que imponía el voto obligatorio argumentando, entre otras cosas, que “el ejercicio de la ciudadanía debe considerarse siempre como un derecho al que puede renunciar el que quiera…”.

Estoy completamente de acuerdo con Eduardo Posada Carbó, quien en varias columnas de El Tiempo ha expresado su rechazo e indignación ante tal medida. El registrador también está en desacuerdo y también lo están los abstencionistas de las pasadas elecciones, el Polo Democrático, partido que ejerció un derecho al que acudieron los dos partidos tradicionales en varias ocasiones de nuestra historia. Además de atentar contra los derechos políticos de los ciudadanos, Posada Carbó ha alertado sobre el peligrosísimo antecedente que crearía la manipulación del censo electoral. En mi pasada columna argumenté la importancia de una información pública de calidad y, en particular, de los registros administrativos para el buen funcionamiento del Estado y del gobierno. Quizá el registro administrativo más importante de todos, de un valor casi sagrado, es precisamente el censo electoral, pues es la base de elección de los representantes del pueblo. Está bien depurar el censo, quitar los muertos, eliminar las duplicaciones de cédulas y todos los demás problemas de esa naturaleza que existan. Además, el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil, todos deberíamos hacer un gran esfuerzo por reducir la abstención y la indiferencia electoral que existe en Colombia. Todo eso está bien, pero otra cosa muy distinta es meterle la mano al censo en la forma como la aprobó el Congreso.

El censo electoral debe estar compuesto por todas las personas que puedan votar, número que es igual al número de cédulas inscritas. La depuración del censo propuesta en la reforma política elimina el carácter político de la abstención activa, que es aquella ejercida por los electores que no participan en los comicios como una forma de protestar. Además de ser una medida antidemocrática es también antiliberal porque, al restringir el censo, aumenta el poder de las mayorías para, por ejemplo, aprobar referendos y cambiar la Constitución en ejercicios en los que participa una parte minúscula de los ciudadanos. Quienes la están apoyando deberían, además, saber que esta medida va a ser muy mal vista en el exterior, al interpretarse como la de un país de opereta en el que de un plumazo se recortan los derechos políticos de sus ciudadanos. Si no se han dado cuenta, es el argumento que necesitaban los enemigos del TLC con los EE. UU. para darle su sepultura definitiva.

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